Autoridades y fuerzas vivas del Oriente antioqueño hace un llamado urgente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella Otero, y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para que se avance en la construcción de consensos entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), presidida por Ricardo Ayerbe Pino, y el concesionario Devimed. El propósito es encontrar una salida jurídica y contractual que permita ejecutar ocho obras viales prioritarias, respaldadas por cerca de $160.000 millones provenientes de los excedentes del recaudo de peajes.

Hugo Jiménez - Alcalde El Carmen

Hoy, el desafío no es la falta de recursos ni de proyectos, sino encontrar una ruta que permita convertirlos en obras. Los recursos se encuentran en la fiducia de Devimed, los diseños de las intervenciones han sido concertados con las comunidades y existe una oportunidad para avanzar en una solución que debe evaluarse antes del 31 de octubre de 2026. La preocupación del territorio radica en que estos recursos sean trasladados al Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructuras (FIP), escenario que podría implicar nuevos procedimientos administrativos, presupuestales y contractuales, sin certeza sobre los tiempos requeridos para materializar las obras priorizadas. Un acuerdo entre la ANI y Devimed puede abrir el camino: Uno de los puntos centrales de la discusión corresponde a las fechas de terminación del contrato de concesión y al proceso de reversión de la infraestructura. Según el Acta No. 30 del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, del 8 de mayo de 2018, se estableció el 31 de octubre de 2026 como fecha de inicio de la reversión. Posteriormente, se adoptó el 31 de julio de 2026 como fecha de terminación contractual.

Javier Valencia G - Director Cornare

Ante este escenario, el territorio solicita que, con el liderazgo del presidente de la República y la ministra de Transporte, se propicie un acuerdo entre la ANI y Devimed que permita revisar jurídicamente esta diferencia, explorar mecanismos de conciliación y establecer una ruta viable para la reversión de la infraestructura, sin perder de vista el propósito de ejecutar las obras pendientes. La oportunidad de avanzar en esta alternativa cobra relevancia porque, según la información disponible, el contrato entre la ANI y Devimed aún no ha sido liquidado y los recursos no han sido trasladados al FIP. Además, durante el debate de control político de la Comisión Sexta del Senado, la ministra de Transporte destacó la importancia de honrar los compromisos adquiridos con las comunidades y planteó la posibilidad de revisar jurídicamente la ejecución de las intervenciones a través del concesionario actual. En este contexto, el objetivo es construir consensos, identificar puntos de encuentro y concretar victorias tempranas que permitan dar señales de avance, brindar mayor certeza sobre el futuro de los recursos y abrir camino a la ejecución de las obras.

Jaime Andres Garcia - Director MasBosques

Las ocho obras prioritarias para el Oriente antioqueño son: Retorno a nivel La Mosquita, Retorno San José, Paso peatonal San Antonio, Retorno a desnivel San Vicente, Intercambio vial de la Clínica Somer, Puente peatonal El Cordobés, Intercambio Puerta a Embalses, Mejoramiento La Cucharita.

Estas intervenciones responden a necesidades concretas del territorio y son fundamentales para mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y contribuir a la competitividad regional. Su ejecución también representa beneficios para las comunidades, los estudiantes, los trabajadores y las empresas que dependen diariamente de una infraestructura vial adecuada. El Oriente antioqueño confía en el diálogo y la articulación institucional que contribuyan a concretar, antes del 31 de octubre, un acuerdo entre la ANI y Devimed que permita superar las diferencias jurídicas y contractuales y avanzar hacia la ejecución de las obras en 2027. No se están solicitando nuevos recursos. Los dineros están disponibles, los diseños han sido concertados con las comunidades y las necesidades están identificadas. El llamado es a encontrar una solución institucional que permita aprovechar esta oportunidad y traducir los recursos en resultados concretos para la región. Más de 700.000 habitantes esperan que esta voluntad se traduzca en decisiones concretas.