La investigación permitió establecer, de manera preliminar, que los funcionarios presuntamente habrían utilizado su posición para omitir actividades de registro y control en las zonas asignadas, facilitando el accionar de estructuras dedicadas a
actividades ilícitas, entre ellas la comercialización de estupefacientes.

De acuerdo con la información recopilada durante el proceso investigativo, los uniformados habrían recibido entre $3 y $4 millones mensuales de coordinadores de la estructura criminal a cambio de favorecer sus operaciones.

“La integridad policial no se negocia y quien pretenda utilizar el uniforme para favorecer al crimen tendrá que responder ante la justicia. Medellín no va a permitir que estructuras criminales compren funcionarios, territorios ni tranquilidad”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Entre los uniformados capturados se encuentran patrulleros adscritos a las estaciones de Policía de Manrique, Bello, Doce de Octubre, además de uno adscrito a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional. La investigación también apunta a identificar el alcance de las conexiones entre los agentes señalados y los integrantes de las estructuras criminales que operan en sus zonas de influencia.